Respecto
al proceso de consulta indígena para la creación del Ministerio de Pueblos
Indígenas y el Consejo o Consejos de pueblos Indígenas realizado por la Seremi
de Desarrollo Social en conjunto con Conadi.
Con fecha viernes 16 de Enero del año 2015,
las comunidades pertenecientes a la comuna de Huara que adhieren al presente
comunicado, declaran lo siguiente:
Que con fecha 04 de Septiembre de 2014, el
gobierno de Chile da comienzo al proceso de consulta indígena en la región de
Tarapacá, para la creación del Ministerio de Pueblos Indígenas y el Consejo o
Consejos de Pueblos, por lo cual, acudimos a la asamblea ampliada realizada en
la comuna de Pozo Almonte, donde los representantes de distintas comunidades de
manera unánime, decidimos condicionar el proceso de consulta indígena hasta la
derogación de los decretos 66 y 40, con la finalidad de restituir las
relaciones de confianza entre pueblos indígenas y el Estado, disminuida aun
más, con la entrada en vigencia de forma arbitraria y carente de
representatividad en la formulación de ambos decretos.
Que el acta redactada en dicha oportunidad,
exigía una respuesta del Estado en un plazo de 20 días; sin embargo, el
gobierno sólo entrega una respuesta después de dos meses, a través de un
documento en el cual, sólo se compromete a hacer una revisión de los
mencionados decretos.
Que con este acto, el Estado retoma el
proceso de consulta indígena, realizando una nueva asamblea en Pozo Almonte con
fecha 22 de Noviembre de 2014, la cual tuvo un proceso de difusión deficiente, concurriendo
a dicha reunión solo un cuarto de las personas reunidas en la primera
instancia.
Que con este grupo de personas, el Ministerio
de Desarrollo Social y CONADI, logran mediante presiones y mala fe, acelerar la
planificación programada por los mismos estamentos, incumpliendo lo señalado en
la primera reunión de consulta, en la cual se comprometieron a realizar este
proceso de acuerdo a los estándares del convenio 169 de la OIT, además, se
cambian unilateralmente los objetivos y número de reuniones programadas
afectando con ello la planificación de los dirigentes y vulnerando los derechos
reconocidos para los pueblos originarios.
Que en dicha oportunidad, con el
consentimiento de algunos dirigentes y de otros desinformados y presionados,
los encargados de ambos estamentos, acuerdan dar por finalizada la etapa de
planificación y de información, utilizando esta reunión para consensuar la
metodología a ocupar hasta la finalización del proceso
de consulta, quedando estipulado de esta
manera en el acta de reunión, que las comunidades acuerdan que se organizarán
por comuna y que la fecha establecida para hacer entrega de las propuestas de
Ministerio de Pueblos Indígenas y el Consejo o Consejos de Pueblos sería el 15
de Enero de 2015. Esto significa que para participar de este proceso de
consulta, los pueblos debieron ser capaces de realizar la Etapa de Información,
la Etapa de Diálogo Interno y la Etapa de Diálogo Regional en aproximadamente
30 días hábiles.
Que las comunidades abajo firmantes, al darse
cuenta de las graves implicancias de dichos acuerdos, deciden separarse del
grupo de trabajo liderado por los dirigentes sometidos a los requerimiento del
Estado, debido a contradicciones profundas respecto a la comprensión del
proceso que vivimos como pueblos originarios y que se manifiesta en las
demandas metodológicas que estamos exigiendo, producto de las deficiencias que
evidenciamos.
Que haciendo ejercicio de los derechos que
tenemos como pueblos originarios y apelando a la buena fe que se debiera
garantizar en este proceso, enviamos dos cartas al ejecutivo, manifestando
nuestro descontento con estas malas prácticas y exigiendo que se nos den las
garantías necesarias para llevar un buen proceso; sin embargo, las autoridades
a cargo del proceso, aludiendo a temas de plazos y recursos, no accedió a
considerar nuestras peticiones, por lo que; no hemos recibido la etapa
informativa, de deliberación y de diálogo conforme a lo propuesto por el
Estado, tampoco recursos para logística y asesores, y aún más, no se nos
permitió entregar una propuesta propia, sino que se nos exigió acoplarnos al
documento enviado por los pueblos de Huara que aceptaron someterse a los plazos
establecidos por el gobierno.
De modo que, considerando los antecedentes
mencionados y estando en conocimiento que otros pueblos que continúan
trabajando en este proceso han planteado las mismas deficiencias y que otras
comunas se han restado de participar del presente proceso de consulta indígena,
denunciamos:
Que el Estado de Chile no ha restituido las
deficientes relaciones que mantiene con los pueblos originarios, perpetuando
nuestra condición histórica de pueblos vulnerados en nuestros derechos, al
hacer caso omiso de las exigencias realizadas a nivel nacional, respecto a la
derogación de los decretos 66 y 40, los cuales entraron en vigencia con actos
de mala fe por parte del mismo.
Que nuevamente los compromisos que el Estado
asume con los pueblos originarios quedan sólo en discursos y que la imagen a
nivel internacional que muestra como país difiere absolutamente de la realidad,
ya que vulnera nuestros derechos constantemente, lo que queda evidenciado en
las malas prácticas que estamos denunciando.
Que en ningún caso, el proceso de consulta se
ha ajustado a los estándares del Convenio 169 de la OIT, ni siquiera a los
estándares del nefasto decreto 66, y aún más, ni siquiera han sido capaces de
responder a la metodología programada por el mismo gobierno, la cual entregaron
previamente a los pueblos.
Que en virtud de este contexto, las
comunidades no hemos podido decidir la forma de organizarnos, acorde a nuestras
propias prácticas de organización y/o costumbres, no hemos tenido procesos informativos
acordes y claros, no hemos tenido procesos de ida y vuelta que nos permita
hacer un buen trabajo como dirigentes informando y recogiendo la opinión de
nuestras bases, no hemos contado con asesores y observadores durante el
proceso, a todo lo cual el gobierno alude constantemente a la falta de tiempo y
recursos, evidenciando así una constante improvisación sobre factores claves
para garantizar procedimientos
adecuados como lo señala el convenio 169 de
la OIT.
Que con estas acciones el Estado demuestra
que en ningún caso pretende hacer efectivos los acuerdos ratificados por Chile,
respecto a los derechos que debe garantizar para los pueblos originarios, ya
que el proceso de consulta se está llevando a cabo como un mero trámite, donde
el Estado en virtud de su propio beneficio y comodidad, a ajustado este proceso
a sus tiempos, cuya lógica occidental vulnera las condiciones que debe
considerar y garantizar para nuestros pueblos.
Que en este mismo sentido, el Estado ha
condicionado la entrega de recursos, logística y espacios de diálogo sólo a
aquellas comunidades que se amoldan a sus estrategias, incurriendo con ello en
acciones discriminatorias hacia a aquellas comunidades que no lo hacen y que,
por lo demás, solo exigen sus derechos.
Que considerando la experiencia que tuvieron
nuestros pueblos respecto a lo ocurrido con la llamada “mesa de consenso para
la creación del Decreto 66”, algunas comunidades han continuado participando a pesar
de no estar de acuerdo con las condiciones impuestas por el Estado, lo que
sienta muy mal precedente respecto a las formas de participación y lo cual
demuestra que nuestras comunidades no tienen alternativas para exigir un buen
proceso, sino que deben ajustarse a lo establecido para no verse aún más
perjudicadas al tratar de exigir nuestros derechos, coacción que imposibilita
la existencia de procesos libres.
Que de acuerdo a como lo hemos descrito,
denunciamos que el gobierno está llevando a cabo un proceso tan importante, de
relevancia histórica para nuestras comunidades en un tiempo aproximado de 36 días
hábiles, lo que nos parece tremendamente irresponsable, al llevar adelante
acciones que sólo ratifican la falta de voluntad que tiene el Estado de dar
aplicabilidad a los acuerdos suscritos por Chile y para restituir las relaciones
debilitadas que ha mantenido históricamente con nuestros pueblos.
Por tanto, como dirigentes conscientes de
nuestros derechos, en conocimiento de la vulneración que se ha hecho de los
mismos y en virtud de la responsabilidad que tenemos de llevar la voz de
nuestras comunidades, manifestamos que; NO QUEREMOS SER CÓMPLICES DE ESTE
PROCESO, QUE POR SUS CARACTERÍSTICAS HISTÓRICAS SENTARÁ LAS BASES QUE DEFINIRÁN
NUESTRA RELACIÓN CON EL ESTADO Y POR ENDE, LA FORMA EN QUE SE TOMARÁN FUTUROS
ACUERDOS QUE AFECTARÁN A NUESTRAS COMUNIDADES.
Por tanto, con la convicción de restablecer
nuestra posición como sujetos de derecho, declaramos y exigimos al Estado lo
siguiente:
Maya (1): Que se restablezcan las instancias
del proceso de consulta, de acuerdo a los estándares del Convenio 169 de la
OIT, ya que hemos sido discriminados arbitrariamente solo por exigir nuestros
derechos, lo cual sabemos, complica aspiraciones y compromisos políticos del
gobierno de Chile; pero que, sin embargo, no pueden ser cumplidos a costa de la
vulneración de nuestros derechos humanos.
Paya (2): Rechazamos y desconocemos los
acuerdos plasmados en la llamada “Propuesta Aymara de Huara” enviada a
instancias nacionales y exigimos que en adelante cuando se haga alusión a aquel
documento, se explicite que es una propuesta que solo representa a los pueblos
que participaron de ella, cualquier alusión que haga referencia a que
representa a toda la comuna de Huara, será denunciada como ilegitima y no representativa,
ya que ha sido elaborada en nuestra opinión, solo por una pequeña minoría
sometida al gobierno. Por otro lado quisiéramos aclarar, que con estos dichos
no pretendemos deslegitimar los acuerdos desarrollados por otras comunas que
hayan sido logrados de forma previa, libre e informada.
Kimsa (3): Solidarizamos y valoramos la
decisión de otros pueblos que se encuentran en similar situación y han decidido
legítimamente no continuar participando de este proceso. Asimismo, valoramos a aquellas
comunidades que aun pueden participar bajo el prisma de la reivindicación,
fortalecimiento y defensa
de nuestros pueblos originarios, esperamos
que continúen con la misma convicción y denuncien estos hechos en instancias
nacionales, ya que en estos momentos son nuestra voz en las siguientes etapas,
por lo menos, mientras no se restablezcan nuestros derechos humanos a
participar.
Pusi (4): Exigimos al Gobierno de Chile,
responsable de velar por el buen ejercicio de nuestros derechos y sancionar
cuando estos derechos sean vulnerados, que según corresponde a sus
obligaciones, se tomen las medidas de sanción pertinentes para todos aquellos
que resulten responsables de los hechos que estamos denunciando.
Phisqa (5): Solicitamos la presencia
inmediata en la región de observadores que puedan dar cuenta del efectivo
cumplimiento de los estándares de Consulta Indígena en la región de Tarapacá.
Suxta (6): Rechazamos los comentarios y
descréditos mal intencionados que realizan algunos comuneros en contra de
nuestros dirigentes y profesionales de apoyo, quienes realizan un trabajo de
defensa voluntario basado en el compromiso con nuestros pueblos, aclaramos que,
en ningún momento hemos pretendido realizar acciones en contra de la
participación de otros pueblos, sino que por el contrario, solo hemos exigido
el ejercicio de nuestros derechos, de modo que de continuar con estas injurias
públicas nos veremos en la obligación de tomar acciones legales al respecto.
Por último, instamos a todas las personas,
quienes tengan acceso a leer este comunicado, sensibles con este proceso, a
nuestros jilallanaja y kullallanaja de diferentes pueblos originarios, a buscar
las formas para hacer visible lo que está aconteciendo y buscar instancias que
nos permitan unirnos para exigir la restitución de nuestros derechos como
pueblos originarios. De la misma forma, hacemos un llamado a todas las personas
y estamentos relacionados con la observancia de los derechos humanos, para que
puedan apoyar esta manifestación, ya sea investigando, asesorando o haciendo visible
lo comunicado.
Comunidades
y organizaciones que adhieren al presente comunicado:
Comunidad Indígena de Sibaya
Comunidad Indígena de Limaxiña
Asociación Indígena de Chiapa
Comunidad Indígena de Coscaya
Comunidad Indígena de Poroma
Comunidad Indígena de Casablanca
Junta de Vecinos de Laonzana
Junta de Vecinos de Chiapa
Junta de Vecinos de Jaiña
Comunidad Indígena de Huarasiña
Comunidad Indígena de Huasquiña
Asociación Pueblos Indígenas Unidos de la
Cuenca
Quebradas Tarapacá-Coscaya-Aroma-Miñi-Miñi
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