“EMPRESAS MINERAS SON RESPONSABLES DEL POSIBLE DAÑO AMBIENTAL DEL SALAR DE YAMARA”

Jaime Valenzuela, Consejero Regional

La comisión de Medio Ambiente del Consejo Regional sesionará este jueves 21 de junio a contar de las 17:00, donde su presidente, Jaime Valenzuela, propondrá a las empresas SCM Septentrión y SQM S.A. que disminuyan la extracción de agua en forma voluntaria como medida de mitigar la sequedad del Salar de Yamara.

“Discusiones más discusiones menos, lo único concreto es que hoy en día el Salar de Llamara lo secaron, y sus lindos y antiquísimos puquios quedaron como mudo testigo de lo que hicieron los irresponsables de siempre, quienes depredan el patrimonio ambiental, histórico, geológico y natural del norte grande”, dijo el presidente de la Comisión del Medio Ambiente del Consejo Regional, Jaime Valenzuela, quien advirtió que en efecto son dos las empresas que extraen aguas del salar.

“La empresa SCM Septentrión, que tiene otorgados 12 litros por segundo a partir del 2004 y la empresa SQM S.A. que tiene otorgados 244,7 litros por segundo a partir de 1999, pero la extracción de esta última comienza por antecedentes de la Resolución de Calificación Ambiental, RCA, el 14 de febrero del 2006, extrayendo agua desde cuatro pozos con un total máximo permitido de 120 litros por segundo autorizados para comenzar. Hasta aquí, todo bien acorde a la Ley”.

Los problemas comienzan en marzo del 2007 mediante renuncias acogidas por el Gobierno Regional, por cuanto se detectó que las lagunas estaban totalmente secas, lo que es corroborado y certificado por la Conama en el terreno mismo.

“¿Qué paso? Es materia de investigación por parte de la Conama y de la comisión del Medio Ambiente del Gobierno Regional, en donde esta comisión ampliará la investigación solicitando a la Dirección de Aguas este jueves 21 de junio un estudio hidrogeológico del acuífero, para en definitiva determinar el comportamiento del Salar de Yamara”, dijo Valenzuela, quien agregó que tal vez sea necesario que las empresas disminuyan la extracción en forma voluntaria como una medida de mitigación, o bien, reinyecten aguas a las lagunas para su mantención”.

Asimismo, explicó que si bien es cierto en el estudio de impacto ambiental de la época no se le solicitó mitigar los efectos de la baja del nivel freático de la laguna, tal vez por olvido u omisión, las empresas responsables de la extracción del recurso hídrico tendrían que haber mostrado un mínimo de preocupación por estos efectos.

“Nada autoriza a las empresas a destruir un patrimonio único, y la responsabilidad social los insta a cuidar el hábitat a pesar de no estar protegido, una situación que necesariamente debiera tenerse en cuenta cuando se autoriza una intervención antrópica en estos lugares”.

Finalmente, Valenzuela concuerda con el seremi de Obras Públicas, Miguel Díaz, con que el juicio que emite una de las empresas es apresurado, y tal vez, un poco absurdo, ya que “mira la paja en el ojo ajeno”.