Ante la crítica situación del AGUA en
nuestra región y en Chile, en su disponibilidad y por la gestión que
se hace de ella, pedimos:
Que el Plano
Regulador Intercomunal establezca zonas de restricción de actividades que
pongan en peligro o contaminen las napas subterráneas y no sólo las fuentes de
agua superficiales.
Que se haga efectivo
en la práctica el principio legal que establece que “ Las aguas son bienes
nacionales de uso público, cualquiera sea el estado en que se encuentren, el lugar
en que estén depositadas o el curso que sigan, incluidos los glaciares” y la
facultad del estado, para establecer limitaciones y obligaciones al ejercicio
de los derechos y propiedad que tienen los particulares sobre el AGUA, y la
facultad de reservar caudales de aguas superficiales o subterráneas, para
asegurar la disponibilidad del recurso hídrico”.
Queremos más
participación efectiva y mayor control social sobre la administración, gestión
y definición de su uso. Hasta ahora se ha privilegiado su uso para la
producción minera, sin cautelar ni asegurar su uso, presente y futuro para la
población, para las actividades agrícolas, ni considerar el desarrollo de
actividades económicas “amigables” con el medio ambiente, ni la protección y
preservación de los ecosistemas acuíferos.
El agua debe tener un
costo para quienes la utilizan como “insumo”, en procesos productivos, de alto
consumo, como son las empresas mineras.
Si el AGUA debiera tener algún costo por su
consumo, este debe ser accesible para el conjunto de la población. Si nos cobran por el “tratamiento de “aguas servidas”, el agua debe ser
reutilizada en procesos productivos amigables, y no transformarse en una fuente
de contaminación.
Queremos que el
Código de Aguas sea modificado y considere que el actual pago de “patentes” no
ha detenido la especulación, ni el “mercado de aguas”, llegando a estar el 90%
de los derechos de agua, en tan sólo 3 empresas hidroeléctricas; que imponga
penas, multas y sanciones ejemplares para quienes contaminan y especulan con el
agua y considere mecanismos jurídicos que desalienten su monopolización, su uso
irracional e insustentable, y que fortalezca su cuidado, su preservación y su
buen uso.
Exigimos que los
derechos de aguas ancestrales de nuestros pueblos originarios, establecido en
el Convenio N° 169/ OIT, sean plenamente respetados, sin tener que recurrir a
la justicia cada vez que estos derechos son vulnerados.
Comité de Defensa de
la Madre Tierra - Tarapacá
http://codemat.wordpress.com ; http://www.facebook.com/codemat
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