Y exige nuevo EIA para evaluar su impacto en derechos
indígenas. Por Paulina Acevedo
El tribunal estableció en su sentencia que la autoridad vulneró el
derecho a consulta de la Comunidad Agrícola Diaguita de los Huascoaltinos, en
cuyo territorio ancestral se emplazaría el proyecto minero y cuyo carácter
indígena es negada por el estado.
Presidente de la comunidad denunció malas prácticas y negociaciones
incompatibles por parte de la empresa, que en forma individual está ejerciendo
presión sobre algunos comuneros, ofreciendo la entrega de vehículos y pago de
10 millones de pesos anuales por familia, a fin de romper la organización y
resistencia frente a este proyecto minero.
En fallo reciente la
Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió el recurso de protección interpuesto
por la Comunidad Agrícola Diaguita de los Huascoaltinos en contra de la
Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que autorizó la construcción y
operación del proyecto minero El Morro, declarando nula dicha resolución por
ausencia de consulta previa a dicha comunidad indígena y los derechos
colectivos que tienen sobre el territorio.
Esta
nulidad de la RCA decretada por el tribunal confirma que en el caso del
proyecto minero El Morro no se evaluaron los efectos, características y
circunstancias señaladas en la letra c) del artículo 11 de la Ley 19.300,
relativo al reasentamiento y alteración significativa de sistemas de vida o
costumbres de la comunidad diaguita, violando el Convenio 169 de la OIT,
la Ley Indígena y derechos consagrados en el Pacto de Derechos Civiles y
Políticos de Naciones Unidas.
El efecto inmediato
de la resolución, es la paralización de “cualquier trabajo de la empresa en el
sector, lo que constituiría un acto ilegal mientras no se realice una
modificación en la evaluación ambiental del proyecto, midiendo el impacto en la
comunidad, una situación que ahora está en manos de la Corte Suprema
ratificar”, aclaró la codirectora del Observatorio Ciudadano, abogada Nancy
Yáñez.
De acuerdo a la
profesional, “este es además un proyecto inviable, pues afecta a la naciente de
un río que alimenta todo el Valle de Huasco y ello, de acuerdo al artículo 17
del Código de Minería, no puede realizarse sino es con una autorización expresa
del Presidente de la República. Es decir, en caso de aprobarse la
realización de un proyecto con estas características, el presidente sería el
responsable del reasentamiento y posible extinción de un pueblo y su cultura”,
agregó Yáñez.
Negación de la condición indígena de la comunidad
La falta de claridad
de los órganos del estado en el reconocimiento de la condición indígena de esta
comunidad diaguita y agrícola ha jugado un rol fundamental en el avance de este
proyecto. Quedando demostrado tras la sentencia de la Corte que no
solo se ha vulnerado el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, sino
también los derechos consagrados en la Ley Indígena y tratados internacionales
ratificados y vigentes en Chile, que reconocen a estos pueblos el derecho de propiedad
colectiva, a consulta previa y en caso de reasentamiento, a obtener su
consentimiento.
“En el caso del
proyecto minero El Morro es el mismo órgano ambiental el que señala que la
Comunidad Agrícola Diaguita de los Huascoaltinos no sería indígena, bajo el
argumento de no estar organizados por la Ley Indígena, sino por la ley que
regula a las comunidades agrícolas, una percepción levantada por la propia
empresa y de la cual se hace eco la autoridad. Por otra parte, la
misma CONADI repara que en la mesa de participación implementada en la
tramitación ambiental de este proyecto no estaban representadas todas las
identidades diaguitas presentes en el territorio y que no se estaba cumpliendo
con el derecho a consulta”, argumenta Yáñez.
Agregando que “este
es el primer caso en que se utiliza como estrategia la negación de la condición
indígena de una comunidad, para viabilizar un proyecto
extractivo”. Algo que ratifica Sergio Campusano, presidente de la
Comunidad, para quien “el EIA posee muchas irregularidades, entre otras, que la
comunidad directamente afectada haya sido desplazada de la mesa de
participación. El gobierno nos cerró las puertas y se percibe que
esto fue para evitar nuestra presencia, pues estamos en contra de la minería en
nuestro territorio ancestral”, aseguró.
Malas prácticas y coaptación de voluntades
Al igual que ocurre
en otros conflictos socio ambientales, la empresa ha comenzado a implementar
prácticas tendientes a coaptar voluntades mediante el pago de abultadas sumas
de dinero y la entrega de bienes, como vehículos y otros prerrogativas
utilizadas para negociar en forma individual sobre derechos territoriales
colectivos.
“El objetivo es que
las personas dejen de ser parte del proceso de organización de la comunidad,
que dejen de participar de las asambleas, incluso ofreciendo tierras en zonas
alejadas. En el fondo, el objetivo es que se vayan del lugar y para
ello están ofreciendo pagos anuales de 10 millones de pesos por
familia. Lo hicieron ya con tres crianceros, y ahora están tras los
43 que están en el recurso de protección y que tienen certificación indígena”,
advirtió Campusano.
Por su parte,
la abogada Yáñez agrega “estas prácticas de negociación directa de la empresa
deberían estar prohibidas por tratarse de negociaciones incompatibles en un
contexto de evaluación ambiental. Sin embargo ocurren en buena parte
de los proyectos de alto impacto, aprovechándose de la vulnerabilidad de sus
miembros. En este caso, aún con el fallo, consultores de la empresa
andan buscando a comuneros con certificación indígena a quienes entregan
camionetas y pagos, negociando individualmente intereses que son colectivos”,
señaló.
Definir sus
prioridades en materia de desarrollo
La oposición al
proyecto El Morro, así como al proyecto Pascua Lama (emplazado también en
territorio huascoaltino y frente al cual la comunidad presentó una denuncia
declarada admisible por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos), se
debe también al impacto en los recursos hídricos del
territorio. Pues aunque “la empresa ha dicho que van a usar agua de
mar, están solicitando igual derechos de agua. Incluso un gerente
nos ofreció un negocio directo para cederles derecho de agua, algo que no
aceptamos, ni aceptaremos nunca, pues tenemos nuestro propio proceso de
desarrollo”, comentó el dirigente diaguita.
“Nosotros no
necesitamos hoy ni a la minera ni al gobierno para
desarrollarnos. Existen varias iniciativas que venimos
desarrollando, como un área de reserva nacional, trabajada como área silvestre
protegida privada, que será la más grande reserva natural indígena del norte
chileno. Si tienes un plan de desarrollo como éste, la minera no
solo nos impacta ambientalmente, sino también a este proyecto de desarrollo al
que tenemos derecho. Nuestro lema es ser ‘guardían de la
naturaleza’, eso somos, es nuestra naturaleza. Los proyectos mineros
no caben aquí. No somos pueblos que vivamos alrededor del proyecto
minero, sino que el proyecto se viene a instalar en el centro mismo de nuestro
territorio ancestral”, concluyó.
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