El
Vocero de Gobierno afirmó que “esperamos que esto no sea una cortina de humo
para distraer la atención respecto de los problemas judiciales que afectan al
gremialismo”.
El Ministro Secretario General de Gobierno,
Álvaro Elizalde, consultado esta tarde por la posible acusación constitucional
que la UDI estaría evaluando presentar contra el Ministro de Transportes,
Andrés Gómez-Lobo, indicó que “este año hemos sido testigos de un verdadero
festival de interpelaciones. Al parecer ahora la UDI quiere iniciar un festival
de acusaciones constitucionales, que por lo demás carecen de todo fundamento”,
añadiendo que “esperamos que esto no sea una cortina de humo para distraer la
atención respecto de los problemas judiciales que afectan a la UDI”.
El Ministro Portavoz agregó que “lo que los
ciudadanos quieren es que todos los actores políticos trabajen para resolver
sus problemas, de la misma forma que lo está haciendo el Gobierno. Pero
lamentablemente hay quienes están preocupados de sacar pequeños dividendos políticos
a través de estas polémicas y no de trabajar por los chilenos”.
Indultos
Respecto al estudio dado a conocer esta
mañana por el Subsecretario de Prevención del Delito, Antonio Frey, cuyos datos
revelaron que durante el Gobierno de Sebastián Piñera se concedió indultos y
libertad condicional a personas que han vuelto a cometer delitos, el Ministro
Elizalde precisó que “se trata de información oficial proporcionada por
Carabineros de Chile y Gendarmería, que demuestra que estos indultos y beneficios
carcelarios han tenido un impacto en los estándares de seguridad actuales”.
La autoridad agregó que “aquí existe una
abierta contradicción de algunos sectores políticos, que en campaña hablan de
mano dura con fines electorales pero al momento de gobernar hacen precisamente
lo contrario. Eso se ha traducido en un deterioro de las condiciones de
seguridad pública en nuestro país”.
Por último, el secretario de Estado, informó
que “como Gobierno estamos impulsando, entre múltiples iniciativas, la reforma que
eleva las penas de la Ley de Control de Armas y la ‘agenda corta de seguridad’
con medidas administrativas y legales de impacto inmediato, para garantizar que
aquellos que
comente.
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