Ministra
de Sernam, Claudia Pascual Grau
La idea de legislar
sobre el proyecto que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en
tres causales se discutirá pronto en la Comisión de Salud de la Cámara de
Diputados. En distintos sondeos de opinión, la población ha sido clara en
apoyar esta iniciativa y ahora las parlamentarias y parlamentarios tienen la
oportunidad de votar y dar pie a un debate en particular.
Tal como planteaba el
mensaje de la Presidenta Michelle Bachelet en la presentación del
proyecto, “los hechos han demostrado que la prohibición absoluta y la
criminalización de toda forma de interrupción del embarazo no han impedido ni
impiden su práctica en condiciones de riesgo para la vida y salud de las mujeres,
y por el contrario, se traducen en una vulneración de sus
derechos”. Resulta, entonces, apremiante que enfrentemos como sociedad un
debate largamente postergado que debe ser asumido respetando todas las
perspectivas que sobre el mismo existen. La iniciativa del Gobierno se
enmarca, precisamente, en esta realidad.
La propuesta que está
en el Congreso busca abrir opciones para las mujeres que enfrentan tres
situaciones críticas y acotadas: cuando su vida corre peligro, cuando se
diagnostica inviabilidad fetal letal y cuando el embarazo es producto de una
violación. En estos casos, no resulta legítimo que obliguemos a las mujeres a
mantener un embarazo bajo la amenaza del uso del derecho penal. Debemos
permitirles decidir libremente cómo desean enfrentar estas situaciones y
acompañarlas de forma respetuosa en sus procesos de decisión.
Lamentablemente, hay
quienes han querido sembrar dudas sobre los márgenes de estas causales,
pretendiendo confundir y engañar a la ciudadanía.
Cuando el proyecto
plantea que se resguarde la vida de la mujer, nos referimos a que tenga acceso
a los tratamientos médicos que permitan preservar su vida, aún si ello implica
que se deba interrumpir el embarazo.
Es importante aclarar
que la inviabilidad fetal se refiere a casos de malformaciones congénitas o
genéticas estructurales o letales. En ningún caso podría considerarse que el
Síndrome de Down o el labio leporino, como se ha sostenido, se incluyen en esta
causal. Tanto el peligro de vida de la mujer como la inviabilidad deben ser
diagnosticadas por profesionales idóneos.
Por otro lado, cuando
una mujer queda embarazada a causa de una violación, el proyecto de ley busca
darle la posibilidad de decidir sobre la continuidad del embarazo. Las niñas,
adolescentes y mujeres adultas que han sido víctimas de una agresión sexual
están en una situación en que su voluntad ha sido negada a causa de un ataque
feroz. El proyecto reconoce su voluntad y establece un espacio para que decidan
sin temor a que se inicie un proceso penal en su contra o que busquen realizar
una maniobra en condiciones sanitarias inseguras, en la ilegalidad.
En cualquiera de los
casos, ninguna mujer será obligada a interrumpir o continuar con un embarazo.
Sabemos que el debate
sobre este proyecto de ley remite a las convicciones más profundas de cada
persona y es por esto que sostenemos la firme idea de que este proyecto no
impone sino que abre opciones a las mujeres y permite que ellas manifiesten su
voluntad.
Esperamos que el
debate público y legislativo se dé con altura de miras, en el marco del respeto
y refleje el apoyo que los estudios de opinión dan a la idea de legislar sobre
estas tres causales.
#Iquique
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