Luego
de ser ratificado por 106 votos a favor y ninguno en contra, el proyecto quedó
listo para ser revisado por la Comisión de Economía del Senado, y así avanzar
en su segundo trámite legislativo.
El articulado contempla multas más altas,
penas de cárcel efectiva de mínimo 5 años y un día, y un sistema de control de
fusiones, entre otras herramientas.
Con una votación
unánime fue aprobado el Proyecto de Ley de Fortalecimiento de la Libre
Competencia, que castiga de manera drástica la colusión entre empresas, con
multas ejemplificadoras y penas de cárcel, y a su vez busca inhibir este tipo
de prácticas que atentan contra el buen desarrollo de los mercados.
El Ministro de Economía, Fomento y Turismo,
Luis Felipe Céspedes, agradeció el compromiso que mostraron los parlamentarios
de distintas bancadas, que tramitaron con urgencia el proyecto, y sobre todo
destacó los acuerdos transversales que generó la iniciativa del ejecutivo, que
se enmarca en la reciente demanda de la Fiscalía Nacional Económica, que acusó
ante al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, una colusión en el mercado
del papel tissue entre CMPC Tissue y SCA Chile.
“Para fortalecer el país y el crecimiento de
nuestra economía, tenemos que tener
buenos mercados y una la libre competencia fortalecida. Si tenemos una mejor
institucionalidad de libre competencia vamos a estar promoviendo el crecimiento
y vamos a estar generando los incentivos adecuados para que las empresas tengan
que innovar, aumentar su productividad y de esta forma generen más y mejores
empleos”, dijo la autoridad.
Según Céspedes, ese debe ser un elemento
central en la estrategia de desarrollo del Gobierno, ya que “es algo que le da
la posibilidad a nuestra pequeñas y medianas empresas de crecer y
desarrollarse. Si no tenemos mercados competitivos, y creo que los últimos
casos así lo reflejan, no le vamos a dar la posibilidad a las pymes de competir y poder seguir creciendo”,
dijo.
Dentro de las medidas más significativas del
proyecto se encuentra el tipificar la colusión como un delito con penas de
cárcel, las que irían desde un mínimo de 5 años y un día, hasta los 10 años,
con cárcel efectiva de al mínimo 1 año, para ejecutivos o personas que
participen en actos de colusión.
“No nos podemos olvidar que quienes se
coluden son personas, que quienes toman la decisión de afectar a millones de
personas, son personas; y como Gobierno, el hecho de poder establecer penas de
cárcel es tremendamente relevante en la lucha contra los carteles”, aseguró el
Ministro.
Las penas de cárcel están directamente
relacionadas con el fortalecimiento del sistema de delación compensada, que
eximirá de presidio sólo al primero de los ejecutivos que se autodenuncien,
castigando por consecuencia, a los demás ejecutivos, quienes verán privada su
libertad sin excepciones. Todo esto con el objetivo de que el excluirse de las
penas de cárcel sea un aliciente para generar autodenuncias.
De esta manera se potencia un sistema que ha
resultado beneficioso en otras economías, cuando de desbaratar carteles se
trata.
Punto aparte es el tema de las multas, las
que serán elevadas hasta montos que signifiquen un impacto importante para las
empresas que decidan actuar coludidas. Estos montos ascenderán hasta el doble
del beneficio económico obtenido producto de la colusión, o hasta el 30% de las
ventas de los productos o servicios de la empresa durante el periodo que duró
la colusión.
“Es muy importante destacar el amplio apoyo
conseguido en materia del incremento a las multas para aquellos que atentan en
contra libre competencia. Tener multas que sean superiores al beneficio
económico que han obtenido quienes se han coludido es tremendamente relevante,
y también el hecho que avancemos en la sanción
con pena de cárcel para aquellas personas que cometen estas acciones”,
señaló Céspedes.
Estás multas muestran un aumento
significativo, en relación a los montos máximos que se pueden imponer bajo la
legislación actual, y se convierten en otra herramienta fundamental para evitar
actos de este tipo.
Junto con esto, se establece un sistema de
control obligatorio de fusiones, que busca evaluar preventivamente aquellas
compras de empresas que puedan poner en riesgo la libre competencia.
Para finalizar el Ministro enfatizó que “con
este proyecto de ley estamos dando una poderosa señal a quienes dañan la libre
competencia y también a los consumidores, de que estos actos serán sancionados
duramente. La colusión es un delito que
tiene que ser sancionado drásticamente y este proyecto lo hace”.
De esta forma, el proyecto pasó a su segundo
trámite legislativo, a la espera de ser discutido en el Senado de la República.
#Iquique
No hay comentarios.:
Publicar un comentario