El parlamentario
respaldó el recurso que esta mañana fue ingresado a trámite y que busca que los
recursos para gratuidad sean redistribuidos a través de becas, de manera de beneficiar
a todos los estudiantes vulnerables.
Por medio de un escrito de 71 páginas,
diputados de la UDI, RN y Evópoli presentaron este martes ante el Tribunal
Constitucional (TC) un requerimiento que acusa discriminación arbitraria en la
glosa de gratuidad que incluye el presupuesto de educación para 2016.
El diputado UDI por Tarapacá, Renzo
Trisotti, fue uno de los firmantes del texto, y argumentó que “la
discriminación que establece la glosa de gratuidad es totalmente arbitraria y
caprichosa. No entendemos cómo, después de cambiar una enorme cantidad de veces
los criterios con los que supuestamente querían ayudar a los estudiantes
vulnerables, el Gobierno termina en esta fórmula que deja a la Región de
Tarapacá y otras ocho regiones del país sin ningún CFT o IP beneficiado”.
A modo de ejemplo, el diputado citó
“instituciones que tienen una reconocida trayectoria, como el Inacap o el CFT
Santo Tomás, con las condiciones impuestas, quedan excluidas del beneficios”.
Según explicó Trisotti, el recurso presentado
expone los argumentos por los que la iniciativa contiene vicios de
constitucionalidad en dos áreas: primero, por la implementación de políticas
públicas permanentes a través de una ley que rige sólo un año; y en segundo
lugar, porque discrimina abierta y arbitrariamente a estudiantes vulnerables al
establecer diferentes requisitos para las instituciones en que siguen sus
estudios.
En simple –continuó el diputado-, en
una familia vulnerable en que sus dos hijos estudian la misma carrera, el que
está en una universidad estatal podrá acceder a la gratuidad, pero el que
estudia en una CFT, un IP o en una universidad privada, no. Eso totalmente
absurdo e injusto”.
De acogerse el requerimiento por parte
del tribunal, “el Gobierno tiene dos alternativas: distribuir los recursos en
igualdad de trato a todos los estudiantes vulnerables a través de becas, o
enviar un proyecto de ley corta donde se establezcan criterios que no sean una
discriminación arbitraria”, concluyó Trisotti.
Respecto de los plazos, el abogado de
la Fundación Jaime Guzmán y uno de los patrocinantes del requerimiento, Jorge
Barrera, explicó que el tribunal debe acoger a trámite el requerimiento,
pronunciarse acerca de su admisibilidad y luego, establecer un plazo “acotado”
para que el Ejecutivo presente sus observaciones. “Estamos hablando de tres
semanas máximo, para realizar los alegatos, para que el tribunal pueda fallar a
lo más 10 días después”.
#Iquique
No hay comentarios.:
Publicar un comentario