Seremi de Gobierno,
Luigi Ciocca, avaló avance de compromisos para fortalecer al país.
Afianzar
la democracia y mejorar la confianza con la ciudadanía, es el sentido de la
Agenda de Probidad y Transparencia que el Gobierno de la Presidenta Michelle
Bachelet ha impulsado con el objetivo de mejorar y transparentar la gestión
pública y poner fin a las malas prácticas e irregularidades que han ocurrido en
el último tiempo.
Para
el Seremi de Gobierno, Luigi Ciocca, los 7 compromisos aprobados de la agenda permiten
despejar desde ya cualquier duda en torno a temas tan complejos, como la
política y los negocios, regulando y poniendo freno a los conflictos de
interés, el tráfico de influencias y la corrupción.
“Para
el Gobierno es de sumo interés poner fin a esta dualidad existente por años en
nuestra sociedad, porque todo aquello que atente contra la transparencia y las
buenas prácticas es un escollo para forjar una democracia centrada en la
igualdad y la participación. Nuestro objetivo es avanzar en este proceso, ya
que con la agenda de probidad nuestra democracia mejora, porque las reglas del
juego cambiaron, aunque a algunos no les guste y se opongan”.
Al
respecto, el vocero regional de Gobierno puntualizó que un aspecto central es la Ley de Probidad en
la Función Pública, donde todas las autoridades de jerarquía, además de
parlamentarios, intendentes, gobernadores, seremis y jefes superiores de
servicio, deben actualizar sus declaraciones de intereses y patrimonio,
incluyendo sus bienes y actividades que realizan. Quienes no lo hagan recibirán
multas que van desde los $ 217.495 hasta los $ 2.174.950 (5 a 50 UTM).
Pero
un tema no menor es la reforma constitucional sobre Pérdida del Cargo, ley que
establece “que aquellos parlamentarios, alcaldes, consejos regionales y
concejales que no cumplan con las normas de transparencia, límites y control
del gasto electoral, perderán su cargo quedando inhabilitados para optar a
cargos de representación popular en las dos elecciones siguientes desde que se
aplique la sanción y para optar a un cargo o función pública dentro de los tres
años posteriores a dicha sentencia. Porque hay que entender que el servicio público es para servir y no para obtener
privilegios o beneficios”.
Partidos y Servel
Otra
de las leyes aprobadas es la Ley de Partidos Políticos, los que deberán
constituirse en entidades de derecho público, pudiendo hacerlo con tan sólo un
0,25% del electorado en tres regiones contiguas; y con la obligación de
promover una mayor participación ciudadana.
Para
Ciocca, éste es un paso trascendental, sobre todo, porque va acompañada de la reforma que otorga la autonomía constitucional al
Servicio Electoral (Servel).
“Con ello, el Servel será completamente independiente de los
gobiernos de turno, para fiscalizar de mejor forma los procesos electorales y
el funcionamiento de la política en general. Además, tendrá la misión de
regular la publicidad de los aportes a las campañas y a los partidos; y los
límites más bajos de gasto electoral”.
Frente
a ello, hizo hincapié que este proceso regulará la dualidad política y
negocios, porque el proyecto de Fortalecimiento y Transparencia de la
Democracia rebaja el límite del gasto electoral en
un 50%, prohibiéndose los aportes de personas jurídicas a las campañas
electorales.
“Por
lo tanto, los partidos podrán acceder a dineros
públicos, cumpliendo con la reinscripción de todos sus militantes en un plazo
de 12 meses luego de que sea promulgada la ley. Además de definir los espacios
para la instalación de la publicidad electoral, donde el Servel tendrá la
autonomía para autorizar plazas, parques u otros espacios públicos para tal
efecto”.
Asimismo,
indicó que ello se complementa con las nuevas atribuciones y facultades que
tendrá dicho organismo fiscalizador, para desarrollar elecciones transparentes
y sin vicios de ninguna clase.
Por
último, otro avance sustancial de la agenda es la Ley de Formación de Educación
Cívica, que permitirá a los alumnos de primero a cuarto medio contar con un
ramo sobre dicha materia, a objeto de que puedan aprender para ejercer sus
derechos y deberes ciudadanos.
“Estas
regulaciones son necesarias para mejorar nuestra convivencia como sociedad. Y, en ese sentido, como Gobierno estaremos
atentos a que cada compromiso de esta agenda se cumpla, porque la probidad es la
piedra angular para avanzar en la construcción de una democracia real y
participativa, y donde debe primar la transparencia y la ética social”.
#Iquique
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