El
Vocero del Ejecutivo señaló que se constituirá un “equipo técnico-jurídico con
las distintas bancadas” de la Nueva Mayoría para evaluar la viabilidad de esta
iniciativa en el contexto de la Reforma Laboral.
El Ministro Secretario General de Gobierno,
Marcelo Díaz, informó este lunes que por instrucción de la Presidenta Michelle
Bachelet se va a “explorar la posibilidad de impulsar una reforma
constitucional que nos permita hacernos cargo de los efectos del fallo del
Tribunal Constitucional” sobre la Reforma Laboral.
El secretario de Estado señaló que durante la
reunión del Comité Político con los presidentes de partidos de la Nueva Mayoría
se acordó “constituir un equipo técnico-jurídico con las distintas bancadas
parlamentarias para explorar el contenido y la viabilidad de esa reforma
constitucional”.
Agregó que “mientras avanzamos en ese
esfuerzo que requiere diálogo con la oposición -porque una reforma
constitucional de esta envergadura requiere una cantidad de votos que la Nueva
Mayoría por sí sola no dispone- se suspende toda la decisión relativa veto y a
la tramitación de una eventual ley corta a la espera del examen de viabilidad
de esta reforma constitucional”.
El titular de la Segegob señaló que
"esperamos, y esa la instrucción que nos dio la Presidenta esta mañana,
poder hacer esta evaluación en el plazo más breve posible".
Demanda
por el Silala
Respecto de la demanda de Chile contra
Bolivia por las aguas del río Silala, anunciada por la Presidenta de la
República, el Secretario de Estado expresó que esta acción fue presentada
“luego de examinarla detenidamente. Es un texto de más de 300 páginas que se ha
ingresado hoy día ante la Corte Internacional de Justicia y que lo que hace es
defender como corresponde los intereses de Chile”.
Díaz añadió que “valoramos la declaración de
los ex Presidentes de la República -el ex Presidente Lagos, el ex Presidente
Frei y el ex Presidente Piñera- respaldando la decisión del Gobierno de Chile,
de la Presidenta de la República, de demandar a Bolivia ante la Corte
Internacional de Justicia para asegurar nuestro derecho en relación con el río
Silala”.
Cabe hacer notar que el Canciller, Heraldo
Muñoz, señaló esta mañana que el Gobierno de Chile tomó esta decisión,
considerando entre otras, las siguientes razones:
a) La existencia de una controversia
originada en la afirmación de Bolivia que el Río Silala no es un curso de agua
transfronterizo y que, en consecuencia ese país tendría derecho al uso del 100%
de sus aguas.
b) El anuncio público del Presidente Evo
Morales que Bolivia presentaría una demanda contra Chile ante la Corte
Internacional de Justicia por esta disputa, acusando al Estado de Chile de
actuar ilícitamente y de estar "robando" las aguas del Río Silala.
c) La posterior creación en Bolivia de una
Dirección Estratégica para desarrollar este nuevo litigio con Chile.
d) Los múltiples y serios esfuerzos que ha
hecho Chile para resolver amistosamente la diferencia, todos los cuales se han
visto frustrados por la insistencia de Bolivia en negar los derechos de Chile.
e) El deber de Chile de proteger sus recursos
naturales, dando certeza jurídica a las titularidades que le reconoce el
derecho internacional.
Asimismo, el Canciller detalló que la
presentación realizada esta mañana en La Haya por la Agente Ximena Fuentes,
solicita a la Corte que decida:
1. "Que el río Silala es un curso de
agua internacional, cuyo uso se encuentra regido por el derecho internacional".
2. "Que Chile tiene derecho a un uso
equitativo y razonable de las aguas del río Silala en conformidad al derecho
internacional".
3. "Que, bajo el estándar de uso
equitativo y razonable, Chile tiene derecho al uso que actualmente hace de las
aguas del río Silala".
4. "Que Bolivia tiene la obligación de
tomar todas las medidas adecuadas para prevenir y controlar la contaminación y
otras formas de daño a Chile, resultante de sus actividades en las cercanías
del río Silala".
5. "Que Bolivia tiene la obligación de
cooperar con Chile y notificarle oportunamente de medidas que haya planificado
y que pueda tener un efecto adverso en los recursos hídricos compartidos, de intercambiar
antecedentes e información y de conducir cuando sea apropiado un estudio de
impacto ambiental para permitir a Chile evaluar los posibles efectos de estas
medidas".
#Iquique
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