Indígenas
demandan al Estado por vulneración del derecho a la consulta que ordenan los
tratados internacionales.
Dirigentes se apersonaron en Santiago para
presentar la demanda ante los tribunales de Santiago.
Como “la coronación de un esfuerzo
comunitario esperado desde hace mucho”, calificó el Ex Consejero Regional por
Tarapacá y actual candidato a Alcalde por la comuna de Pozo Almonte, Richard
Godoy, a la demanda interpuesta hoy 11 de octubre de 2016, en los tribunales de
Santiago, para declarar la nulidad de 11 decretos que son “el fundamento legal
inmediato de la carretera concesionada a Iquique, por los graves efectos que
tiene en los derechos de los pueblos originarios de Tarapacá”.
Como es sabido, la Concesión “Alternativas de
Acceso a Iquique Concesionaria” fue adjudicada en septiembre de 2011, ya se
encuentra en funcionamiento, su costo ascendió a más 133 mil millones de pesos
($113.362.601.968, equivalentes a 4.322.857 UF) y Pertenece a la Sociedad Concesionaria Rutas
del Desierto S.A.
Para Richard Godoy “nos hemos atrevido a
presentar la demanda en esta semana
emblemática para los pueblos originarios, en representación de dirigentes y
agricultores aymara y quechua, cuya forma de vida ha sido perjudicada y
lesionada por la instalación de esta carretera
en fechas ceremoniales como en actividades productivas, ha encarecido
los productos agrícolas que venden en Iquique, todos efectos perniciosos que no
fueron consultados con los pueblos afectados”.
De acuerdo al abogado patrocinante Patricio
Martínez, “El Convenio 169 de la OIT está plenamente vigente en Chile desde
septiembre de 2009, y los primeros documentos que habilitan la idea de concesionar
son de diciembre de 2009 y posteriores. Como es sabido, el artículo 6 y 7 del
Convenio 169 imponen el deber de consulta para que el Estado dialogue con los
indígenas y acuerde medidas para no vulnerar sus derechos con las medidas que
tome. El Estado no consultó estas obras y por lo tanto, los decretos que le dan
fundamento son totalmente nulos, y esperamos que los tribunales de justicia nos
den la razón”.
Para Ariel León, asesor aymara-quechua que
colaboró en la redacción de la demanda, “la jurisprudencia de nuestros
tribunales ha sido consistente: tanto en el caso Pascualama, Los Pumas, Parque
eólico de Chiloé, el Morro, y el plan regulador de San Pedro de Atacama, han
señalado que la consulta indígena es un derecho y un proceso obligatorio, previo
e irreemplazable. El Ministerio de Obras Públicas quiso consultar el uso de 40
millones de una medida de compensación que impuso en favor de las comunidades y
organizaciones, pero ellas mismas rechazaron esa medida, por incompleta y por
constituir una limosna. Jamás se ofreció por el Estado consultar el proyecto de
carretera en su integridad. Una consulta posterior jamás podrá sanear el vicio
que provoca la nulidad”.
Richard Godoy señaló que “la demanda de
nulidad tiene una larga tramitación, pero es necesario interponerla, pues el
recurso de protección tiene un plazo de interposición que ya venció. Si no
intentamos esto, tendremos que tolerar años de vulneración de los derechos
indígenas. Es por ello que recibimos el mandato de indígenas afectados, a quienes
defenderemos hasta el final, pues debemos dar la señal de que los pueblos
originarios merecen respeto de la institucionalidad”.
#Iquique
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