Proyecto
que criminaliza la pesca ilegal tiene conceptos demasiado amplios o que no están
de acuerdo con la cotidianeidad y a la
Fedepes le preocupa que se persiga a pescadores que operan sin intención de
delinquir.
Una voz de alerta respecto del proyecto que
oficialmente se denomina Moderniza
y Fortalece el Ejercicio de la Función pública del Servicio Nacional de Pesca, levantó la Federación de Pescadores
Artesanales y Ramas Afines de la Región del Biobío, Fedepes, que expuso en la
Comisión de Intereses Marítimos del Senado sobre cuestiones de fondo relativas
al mencionado proyecto.
Este se halla
en segundo trámite constitucional y tiene entre sus objetivos clave combatir lo
que en la iniciativa denominan “pesca ilegal” en nuestro país.
Para la Fedepes se debe revisar el texto
porque hay aspectos muy complejos como están
definidos en el proyecto, por ejemplo el de
acreditación de origen, el de la asociación ilícita y el de las multas.
La federación está de acuerdo en que se
ataque la pesca ilegal, pero se debe comenzar por, entre otras y varias cosas,
actualizar los Registros Pesqueros; revisar con mucho cuidado la redacción del
concepto de asociación ilícita porque la actividad pesquera ha sido y es asociativa, y siempre se realiza en base al
trabajo conjunto y organizado; pasa a ser una forma de vida, una cultura, y este proyecto pretende criminalizarlo,
estableciendo, que sin distinción que quienes realicen pesca ilegal, en los
términos amplios del proyecto, incurrirán en un delito, abriendo otro nueva
posibilidad para que el pescador artesanal pague con cárcel. La forma de operar del pescador artesanal es mediante una
organización básica, con lazos forjados históricamente entre familias y
allegados, para trabajar, no para cometer ilegalidad, mucho menos delito.
Además, se debe ir al fondo de la situación y
entender que hay quienes caen en la extracción ilegal porque las cuotas son
bajas y las familias de pescadores tienen que subsistir, que sobrevivir. El
Estado, el país, tiene que analizar y resolver ello, antes de perseguir por esforzarse
en llevar pan a la mesa, argumentan.
En el aspecto acreditación de origen, explica
Fedepes, va a ser muy difícil que un
pescador demuestre legalidad de una extracción en circunstancias que no están
actualizados los Registros Pesqueros, anotando quienes son los que
realmente realizan esfuerzo sobre un
determinado recurso.
Contrario a lo que
sostiene la Subsecretaría de Pesca y parlamentarios que luego del potente lobby
del gobierno, terminan alineándose, este proyecto no beneficia al sector
artesanal, pues endurece el régimen sancionatorio y crea nuevas obligaciones y
figuras que tienen por objeto alejar al pescador y su familia de la actividad.
Respecto de los valores
de las multas la Fedepes advierte a los pescadores que revisen la información
disponible y elaboren observaciones. Se establecen exigencias altas en materia de
acreditación de origen legal de la pesca, estando los más pequeños expuestos a
ello, al no contar con los medios, ni la cultura de resguardo de documentación.
Y si no logran acreditar el referido origen legal, arriesgan dos multas
conjuntas una fija, que se aplica siempre y sin distinción, que puede llegar
hasta $23.114.500 y otra multa variable, que se aplica siempre, pero que
depende de la especie y del monto de los recursos involucrados. Además del
cierre del local respectivo, terminando con ello con las posibilidades de
resurgimiento del pequeño procesador y pequeño comerciante. Multas que de no
poder ser pagadas, se traduce a su conmutación por cárcel. Y si se trata de un recurso declarado por el gobierno como colapsado o
sobreexplotado, es un delito y ello supone pena privativa de libertad.
#Iquique
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