Criminaliza actividades de subsistencia, dice Fedepes.
Es un proyecto de ley que busca controlar acciones que todos reconocen
ocurren en la pesca y que atentan contra la sustentabilidad de los recursos,
pero tiene conceptos poco claros o que atacan a la pesca artesanal en
actividades ancestrales que permiten subsistir a muchos.
Pescadores artesanales están siguiendo con atención y preparando más
aportes al proyecto de ley de modernización del Servicio Nacional de Pesca,
Sernapesca.
Éste incluye tipificaciones y sanciones para perseguir la pesca ilegal las
que, como están presentadas, criminalizan y sancionan con penas de cárcel y
multas muy altas actividades de subsistencia en el sector.
Así lo expresaron Rosendo Arroyo y Sara Garrido, presidente e integrante de
la directiva, respectivamente, de la Federación Regional de Pescadores
Artesanales, Fedepes Biobío.
Recordaron que la Sala del Senado aprobó en general el proyecto de ley
de Modernización del Sernapesca respecto del cual la Fedepes ha hecho un
responsable y firme seguimiento.
Ha advertido la falta de claridad de definiciones como la de pesca ilegal y
la amenaza que para el sector representa la idea de penalizar actividades de
subsistencia ancestrales que realizan, sobre todo, pescadores de caletas
rurales.
Viene una etapa importante, estima Fedepes, en que la pesca artesanal
confía que sus planteamientos sean atendidos y los legisladores trabajen con
los tiempos y resguardos necesarios la importante temática.
Fedepes está trabajando en propuestas serias y responsables para que sean
incorporadas en el proyecto. “La pesca ilegal debe ser atacada, respetando
nuestra cultura y forma de vida”, puntualizó.
Rosendo Arroyo y Sara Garrido, escucharon y revisaron las
intervenciones de los senadores y reaccionaron con algo de tranquilidad a la
decisión de la sala de que el proyecto sea informado por la Comisión de
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento en lo relativo a las normas
que propone y que tienen incidencia legal. Y hay plazo recibir indicaciones,
hasta el 20 de este mes.
Rechazo a la pesca ilegal
En Fedepes, indicaron Sara Garrido y Rosendo Arroyo, rechazan la pesca
ilegal, pero: “en este proyecto faltan definiciones apropiadas a la realidad,
se busca criminalizar al pescador, llevarlo a la cárcel y sancionarlo con penas
altísimas bajo una definición de pesca ilegal que el pescador ha realizado toda
su vida, como sus antepasados. Queremos que los parlamentarios marquen la
diferencia entre lo que se quiere atacar que son las mafias de la pesca ilegal
y la libertad de trabajo de subsistencia del pescador, especialmente el más pequeño,
el de caletas alejadas. La pesca de subsistencia es un modo de vida y no va a
desaparecer”.
Senadores
Senadores de la Región del Biobío como Felipe Harboe (PPD) y Jacqueline Van
Ryselberghe (UDI ) coincidieron en la necesidad de escuchar a la pesca
artesanal y revisar las definiciones. Harboe alertó sobre eventuales riesgos de
caer incluso en falencias que llevaran a la inaplicabilidad de la norma, en sus
aspectos legales, por la indeterminación y la falta de precisión con que
la iniciativa pretende regular la conducta base de la asociación ilícita.
Se refirió también a que la indeterminación y la amplitud del tipo penal
que se pretende imponer podrían afectar mayormente a aquellas personas que
desempeñan labores pesqueras a nivel artesanal, presentando serias dudas en
cuanto a cuáles serían los límites dentro de los cuales ejercerían lícitamente
la extracción, transformación, elaboración, transporte, almacenamiento y
comercialización de recursos hidrobiológicos o productos derivados de estos.
Otro aspecto que puso en evidencia fue la desproporción entre las penas
propuestas, que sancionan con pena de crimen las acciones ilícitas que
contempla el proyecto, desde 5 años y un día a 10 años, siendo que el Código
Penal reserva éstas a delitos de suma gravedad.
Este legislador propuso someter al
proyecto, en lo relativo a normas con incidencia penal, a la Comisión de Constitución: “con el objeto
de aportar una redacción que, junto con lograr el efecto buscado por el
Gobierno como colegislador, mantenga la proporcionalidad, por un lado, y
respete los principios de legalidad y de tipicidad, por el otro”.
La senadora Jacqueline Van Rysselberghe, en tanto,
considera de suma importancia que en la tramitación sean consideradas las
visiones de los pescadores artesanales, los recolectores y la gente del mundo
de la pesca industrial, en el aspecto de combate a la pesca ilegal. La
parlamentaria reconoció razón a los pescadores que critican que así no ha
ocurrido en un proyecto que va en segundo trámite constitucional e indicó que
se está se está proponiendo sancionar con el mismo rigor situaciones distintas.
Los pescadores artesanales, puntualmente los de
la Federación Regional de Pescadores Artesanales del Biobío, Fedepes,
critican la definición de pesca ilegal ¿parte por ahí el problema?
Creo que parte por ahí; porque no discrimina, criminaliza en exceso y creo
que eso se debió a que no se ha escuchado a los pescadores,
específicamente a los gremios de la pesca artesanal. Por eso, a pesar de
que creo que el proyecto de Sernapesca es mucho más fácil de sacar que este
otro espero que se den los tiempos necesarios para poder escuchar a todo el
mundo.
Insisto, y otros senadores comparten, se trata de dos proyectos necesarios,
pero distintos: uno es la modernización del Sernapesca y otro el control de la
pesca ilegal.
Agregó que reconoce que las sanciones propuestas son muy altas, pero cree
que deben serlo para quienes hoy día son como los intermediarios del tema o los
que sacan la mayor rentabilidad de esta pesca ilegal. Cree que es necesario y
urgente modernizar Sernapesca e importante controlar la pesca ilegal, pero
hacerlo bien para que se termine con quienes están haciendo el negocio con la
pesca negra, diferenciando de situaciones distintas .
El proyecto
La letra del proyecto indica que el objetivo es modificar la Ley de
Pesca para combatir la pesca ilegal, a través del establecimiento de nuevas
obligaciones para los agentes pesqueros y la incorporación de figuras
infraccionales y delictuales específicas que sancionan conductas graves
cometidas en las etapas de procesamiento, elaboración, almacenamiento y
comercialización de recursos hidrobiológicos. Asimismo, establecer una
asignación de fortalecimiento de la función pública al personal de planta y a
contrata del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, e incrementar su
dotación máxima de personal.
#Iquique
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