Por Mariela Basualto Avalos, Seremi de Desarrollo
Social de Tarapacá
Una de las noticias más destacadas esta semana es la aprobación en el
Senado de la Ley de Inclusión Laboral para Personas con Discapacidad, la cual
quedó lista para ser promulgada como ley por la Presidenta Michelle Bachelet.
Esta comenzó su tramitación en julio de 2015 en un esfuerzo del
Ministerio de Desarrollo Social junto al Ministerio del Trabajo y SENADIS, los
que trabajaron en una indicación sustitutiva sobre la base de 11 mociones
parlamentarias para una Ley de Inclusión Laboral, con el objetivo de asegurar
la efectiva igualdad de oportunidades y plena inclusión de las personas en
situación de discapacidad, tanto en el ámbito público como en el privado a
través de una reserva legal de empleo.
Esta es una muy buena noticia para las personas discapacitadas, quienes
podrán tener una real inclusión en el trabajo. Uno de los aspectos que destaca
el cuerpo legal es que establece una reserva de empleos del 1% para personas en
situación de discapacidad en organismos del Estado (civiles y militares) y
empresas privadas que tengan 100 o más trabajadores o funcionarios.
Además fija en 26 años la edad
límite para suscribir contrato de aprendizaje con personas con discapacidad,
asimilándola a la edad de término de la educación especial, lo que es
importante para dar mayores oportunidades.
Con esta normativa estamos avanzando para que más personas accedan a un
trabajo, mejorando su calidad de vida y situación económica y es relevante para
una región como Tarapacá, donde el 17,7% de la población mayor de 18 años,
según el Segundo Estudio Nacional de Discapacidad (ENDISC II), es discapacitada
o presenta un grado de discapacidad. Hay que tener en cuenta que este mismo
estudio reveló que en Chile el 20% de
las personas de 18 años o más, es decir más de dos millones seiscientas mil
personas, se encuentran en situación de discapacidad. La mayoría de las cuales
señala estar inactiva o desocupada y sólo el 39,3% tiene empleo.
Ahora si consideramos a toda la población
ocupada, sólo un 13,3% corresponde a la población en situación de discapacidad.
Y si consideramos a la población inactiva un 31,6% corresponde a personas en
situación de discapacidad.
Éste y una serie de otros esfuerzos forman parte de la lucha contra la
desigualdad, que impulsan el Gobierno y nuestra coalición en distintas áreas,
pues estamos convencidos que un país más inclusivo y menos desigual, es un país
que valora la diversidad, promoviendo y garantizando la igualdad de derechos.
Tenemos que resaltar que la fiscalización de esta ley la realizará en el
sector público el Servicio Civil y el Servicio Nacional de la Discapacidad
(SENADIS), y en el sector privado, la Dirección del Trabajo y el Servicio de
Impuestos Internos. Por lo que es una ley que será cumplida y el Senadis tendrá
un rol activo para hacerla cumplir. En esta ley no hay excepciones, todas las
empresas privadas y entidades públicas deben cumplir con esta norma.
Esperamos que en noviembre de este año ya se pueda implementar la ley
que va a sentar un cambio cultural en el
ámbito laboral en nuestro país, un hecho que debemos destacar y valorar en
materia de inclusión.
#DesarrolloSocial
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