La
autoridad regional del Trabajo y Previsión Social, Karen Pérez Varas, informó
que la deuda por concepto de cotizaciones previsionales de Marco asciende a
1.725 millones 726 mil pesos, monto que se habría acumulado durante diez años
de no pago por parte de la empresa.
Una denuncia por delito de apropiación indebida
fue lo que ayer la seremi del Trabajo y Previsión Social en Tarapacá, Karen
Pérez Varas, interpuso en contra del representante de Astilleros Marco, en la
Fiscalía Regional. Esto, después de solicitar un Informe Laboral Previsional de
la empresa en cuestión –la cual actualmente se encuentra en liquidación- y
constatar la declaración, pero no pago de cotizaciones de al menos 115 trabajadores
durante diez años.
“Verificamos una deuda, por concepto de
cotizaciones previsionales, que asciende a 1.723 millones 725 mil 610 pesos.
Este hecho está sancionado en el artículo 13, Ley 17.322, y es obligación de
los funcionarios públicos denunciarlo para ponerlo en conocimiento de las
autoridades competentes de situaciones que revistan caracteres de delitos”,
señaló Pérez Varas.
Además, la seremi precisó que “nosotros, como
Secretaría Regional Ministerial del Trabajo, tomamos conocimiento de la
situación de boca de los trabajadores, mediante las reuniones que mantuvimos
con ellos a lo largo de este mes. Cabe señalar que nuestra Secretaría no tiene
facultades de fiscalización. Esta facultad sólo radica en la Dirección del
Trabajo, organismo que, a su vez, tiene competencia fiscalizadora sólo en la
declaración de las imposiciones, no del pago, asunto que le corresponde
denunciar a las propias AFPs y no a los órganos del Estado”, explicó.
“Es necesario precisar que los montos
previsionales son de total dominio de los trabajadores. El rol del empleador es
de mera tenencia de estos montos y debe ser el empleador quien se encargue de
declararlos y pagarlos”, recordó Pérez Varas, quien también manifestó que la
pena que arriesgan los empleadores que cometen el delito de declarar, pero no
pagar las cotizaciones es de presidio menor en su grado máximo, es decir, de 3
años y un día a 5 años de cárcel, según lo que establece el Código Penal.
Por último, la autoridad destacó que
“queremos garantizar que el Gobierno esté pendiente de todo este tipo de
situaciones y, además, que quede como señal a todos los empleadores que esta
Seremi va a perseguir las acciones irregulares en todos los espacios que
correspondan”.
#AstillerosMarco
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