Paola
Tapia Ministra de Transportes
Los últimos
años hemos visto cómo el uso de transportes alternativos al automóvil ha tenido
un aumento sustancial en nuestras ciudades. Trasladarse al trabajo en
bicicleta, usar motocicletas y cada día tener más caminatas, se ha instaurado
como un cambio en la movilidad de las
personas, donde todos los actores requerimos reglas claras de convivencia y
respeto mutuo.
Después de
dos años de tramitación en el Congreso Nacional -estamos en las instancias que
esperamos sean las finales en el Senado- para contar con un proyecto de ley
marco de convivencia de los distintos modos en que nos desplazamos. Se trata de
una iniciativa inédita trabajada en conjunto con más de 60 organizaciones
ciudadanas de ciclistas, motoristas y asociaciones de víctimas, además de expertos.
Este
proyecto, aprobado transversalmente y en forma unánime en la Cámara de
Diputados, busca entregar un renovado marco regulatorio a esta nueva relación
de movilidad, donde se establecen no sólo derechos, sino también deberes para
peatones, ciclistas y conductores.
En este
cambio normativo uno de los puntos relevantes es la reducción de la velocidad en
zonas urbanas, pasando de los actuales 60 a 50 km/hora, propuesta que dejaría a
Chile dentro de las naciones desarrolladas en materia de seguridad vial. Cabe
destacar que nosotros, junto a Japón, somos los únicos miembros de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que no hemos
realizado este cambio.
Pero ¿cuál
es el efecto de reducir 10 km/h? La experiencia demuestra que la posibilidad de
frenado de un auto que viaja a 60 km/h es menor y en caso de impactar a una
persona, esta queda herida con una posibilidad de sobrevivencia inferior al
10%; por lo tanto, el riesgo de un resultado fatal es evidente. Por el
contrario, si el vehículo se desplaza a 50 km/h, el conductor podría frenar a
tiempo y evitar el accidente.
El proyecto de Ley de Convivencia se enmarca dentro del trabajo que
estamos desarrollando a través de Conaset, para contar a fines de este año con
una nueva política nacional de seguridad vial, pues la primera data de 1996,
que se complementará a otras políticas como la Ley de Tolerancia Cero,
implementada en 2012, y la Ley Emilia, promulgada durante este gobierno.
A partir de todas estas iniciativas, que se suman a las campañas
educativas desarrolladas tanto por el sector público como privado, continuamos
modificando conductas y difundiendo la importancia de adoptar medidas y
acciones que permitan disminuir los accidentes con consecuencias fatales.
Como Ministerio de Transportes tenemos la convicción de que la seguridad
vial, y lo más importante, salvar vidas en el tránsito, es un tema transversal
que nos debe convocar y unir y en el cual todos debemos comprometernos.
#Opinión
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