Un grupo de socios de la Caja de Ahorros de
Empleados Públicos (CAEP) presentó un recurso ante el Tribunal Electoral
Regional para anular la reciente elección de directores del organismo, a raíz
de las irregularidades ocurridas durante el proceso, perpetradas por la
directiva encabezada por Sergio Gordon Cañas.
La reclamación fue
presentada ante el tribunal por el abogado Rodrigo Morales, en conjunto con
socios de la Caja que buscaban presentarse como candidatos en el proceso
electoral y que fueron excluidos a través de maniobras destinadas a impedir la
competencia de personas disidentes de la actual gestión. Entre las denuncias
formuladas, está la ausencia de un padrón electoral antes del inicio de las
elecciones, el incumplimiento de las normas que regulan el proceso electoral
interno, la utilización de recursos de la Caja (personal e infraestructura)
para la recopilación de votos, y la ausencia de un sistema imparcial de
resolución de reclamaciones en el marco de las elecciones.
“Este proceso se
encuentra íntegramente viciado, porque desde antes de su inicio ya se había
incumplido la ley electoral y las normas internas de la Caja. El aviso de
llamado a elección se publicó de forma incompleta en los diarios, se privó a
los disidentes del plazo establecido en los reglamentos para solicitar los
patrocinios necesarios para inscribir candidaturas y funcionarios de la Caja
estuvieron recopilando poderes en favor de los candidatos oficialistas,
cuestión que está al margen de nuestro ordenamiento legal”, indicó Morales.
Suma de irregularidades
La reclamación de
las irregularidades se suman a un conjunto de acciones en materia penal
iniciadas en contra del presidente de la Caja de Ahorros de Empleados Públicos,
Sergio Gordon Cañas, referidas a la modificación de actas del directorio ya
firmadas, cambiando arbitrariamente los hechos contenidos en las mismas y
utilizándolas como prueba en juicios; y por pagarse una indemnización por $
3.500 millones en 2014, sin que existieran los respaldos para justificar más de
660 días hábiles de vacaciones pendientes y 10 años de antigüedad adicionales
sin que existieran registros. Ambos ítem representan la mitad del total de
recursos percibidos por la auto indemnización. Esta causa se lleva ante el 7°
Juzgado de Garantía por parte de la Fiscalía Centro Norte y la formalización de
Gordon está prevista para el 13 de julio próximo.
Gordon Cañas se
retiró de la Caja en enero de 2014, cobrando la millonaria indemnización,
recontratándose cuatro meses después con una renta mensual superior a $ 35
millones mensuales, ocupando el cargo de presidente del directorio y de
administrador general.
Asimismo, durante
los últimos dos años de gestión, la Caja ha tenido pérdidas por casi 10 mil
millones, producto de las deficiencias en la gestión y la disminución
progresiva del patrimonio de la institución.
La Contraloría
General de la República, el Ministerio de Justicia, el Consejo de Defensa del
Estado y la Corte Suprema han exigido a Gordon y los directivos actuales de la
CAEP modificar estatutos, establecer auditorías externas, disminuir los
millonarios pagos de remuneraciones y terminar con empresas relacionadas que
son utilizadas sólo para abultar el pago de remuneraciones de directores de la
Caja en ejercicio.
Un fallo del
máximo tribunal dictado por el máximo tribunal del país en abril de 2017 obligó
a la Caja a cumplir las obligaciones antes mencionadas. Sin embargo, ante el
incumplimiento de la sentencia, el Ministerio de Justicia solicitó al Consejo
de Defensa del Estado tramitar la disolución de la Caja como corporación de
derecho privado, proceso que se encuentra en curso.
Qué es la Caja
La Caja de Ahorro
de Empleados Públicos (CAEP) data de 1858 y tiene entre sus afiliados a
funcionarios públicos con remuneraciones promedios de $ 600 mil, a quienes les
otorga préstamos para diferentes usos y respecto de los cuales administra
ahorros por cerca de $ 27 mil millones. El patrimonio contable de la Caja
Supera los $ 114 mil millones de pesos, y entre sus activos se encuentra un
terreno de 10 hectáreas ubicadas en Avenida Las Condes, en el sector de San
Damián, cuyo avalúo fiscal es de 25 mil millones, pero cuyo avalúo comercial
supera los $ 125 mil millones.
#IrregularidadesCAEP
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