Senadora destacó que todos los ciudadanos tendrán acceso a la justicia ambiental
La senadora y miembro de la Comisión de Medio Ambiente, Soledad Alvear, valoró que el senado haya aprobado el proyecto de ley que crea los tribunales ambientales en nuestro país
La parlamentaria destacó que “dentro de las cosas más novedosas, porque no existe en Chile y tampoco en ningún país de América Latina, hemos establecido la figura del “amigo de la corte” que significa que una persona o una institución que no sea parte del procedimiento puede hacer llegar un informe con el objeto de que el tribunal lo tenga en consideración al momento de fallar y eso va a permitir la participación de instituciones y especialistas que podrán hacer aportes por iniciativa propia, independiente de las diligencias que determine el tribunal”.
“Mi máxima preocupación ha sido que quede garantizado que todo ciudadano tiene derecho y pueda acceder a la justicia ambiental”, sostuvo la senadora quien encabezó el proceso legislativo en el senado.
En una primera etapa serán tres tribunales. El primero comenzará a funcionar en la Región Metropolitana, luego de 6 meses de publicada la ley. Los otros dos tribunales estarán en las ciudades de Antofagasta y Valdivia y entrarán en funciones en intervalos de seis meses.
En total, serán 18 meses desde la publicación de la ley para que los Tribunales Ambientales estén totalmente instalados a lo largo del país, según explicó la senadora Alvear.
“En lo personal al igual que muchos colegas, queremos que haya un tribunal por región, pero tres es un avance ya que el proyecto original contemplaba sólo uno y la experiencia de otras reformas como la de la justicia penal o los tribunales laborales, demuestra que para una buena implementación es mejor la gradualidad, y por lo tanto esperamos que una vez que estos tres estén funcionando adecuadamente, avancemos hasta tener uno en cada región del país”.
Cabe destacar que mientras los tribunales ambientales no estén operativos, la Superintendencia de Medio Ambiente no puede ejercer sus funciones de fiscalización y sanción.
Por ello la senadora pidió a los diputados, que ahora deberán discutir el proyecto “la máxima celeridad para poder tener operativa cuanto antes la nueva institucionalidad medioambiental”.
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