María del Pilar Barrientos, Seremi de Bienes
Nacionales:
Reafirmando la
decisión de licitar durante este mes 34 hectáreas de terreno fiscal del sector
costero de Playa Blanca, la Secretaria Regional Ministerial de Bienes
Nacionales, María del Pilar Barrientos, aclaró que es precisamente esta
decisión la que permitirá contar con terrenos que tengan factibilidad sanitaria
y macrourbanización, para la construcción de viviendas sociales en el área. De
esta forma respondió al reciente llamado del senador Fulvio Rossi a detener la
comercialización del 30 por ciento de los terrenos del sector a inversionistas privados.
“Es importante
aclarar a la ciudadanía que las decisiones tomadas por esta cartera tienen un
fundamento técnico, estudiado estratégicamente y siempre pensando en el
bienestar de todos los chilenos. Para nadie es un misterio que Iquique necesita
en forma urgente resolver la problemática de extensión urbana, que por cierto
necesariamente debe ser hacia el sur costero. Pues hoy, el territorio que
comprende Playa Blanca cuenta con un instrumento de planificación territorial
vigente desde diciembre del 2011 y con esta licitación lo que estamos
haciendo es asegurar la
macrourbanización que permitirá factibilizar la futura construcción de
viviendas sociales, sean del segmento vulnerable como medio y emergente”, enfatizó
la autoridad.
Respecto de ello, María
del Pilar Barrientos informó que Serviu Región de Tarapacá cuenta con inmuebles
fiscales ya reservados, para garantizar en Alto Playa Blanca proyectos de
viviendas sociales, los que serán planificados bajo una mirada de integración.
“La licitación de las
27 hectáreas de Alto Playa Blanca y de otras 7 hectáreas en el sector de Bajo
Playa Blanca, se realizará garantizando la inversión necesaria para dotar al
sector de agua potable, energía eléctrica y alcantarillado. Estos terrenos
representan el 30 por ciento del total de suelo urbano del sector, pero gracias
a esta operación, el territorio
restante, 100 hectáreas aproximadamente, podrá
desarrollarse con la inversión pública en urbanización para apoyar los
proyectos de viviendas sociales”, puntualizó.
Agregó que “ en todo
caso, el uso de suelo por parte de quien se adjudique los inmuebles fiscales
está determinado por el Plan Regulador Comunal, como ya se dijo, y no por este
servicio público, quien sólo pone a disposición de la ciudad una superficie urbana
que permita su desarrollo”, concluyó.
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