La
Ministra del Servicio Nacional de la Mujer, Claudia Pascual, la Ministra de
Justicia, Javiera Blanco, la Ministra de Salud, Carmen Castillo, el Ministro
Secretario General de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre, y las subsecretarias
de Gloria Maira y Patricia Silva, concurrieron a la Comisión de
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados,
para dar inicio, en esta instancia, a la discusión del proyecto de ley que
regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres
causales: riesgo de vida de la mujer embarazada, inviabilidad fetal letal y en
caso de violación.
En su intervención, la Ministra Claudia
Pascual destacó que en la elaboración de este proyecto de ley han trabajado, y
están trabajando en forma coordinada, los ministerios de Salud, de Justicia,
Secretaria General de la Presidencia y el Servicio Nacional de la Mujer, y
agregó que “a través de esta iniciativa nos hacemos cargo de una realidad
social y buscamos abrir opciones para la expresión de voluntad de las mujeres
que enfrentan las situaciones definidas en el proyecto”.
Dijo que “sabemos que en estas circunstancias
se ponen en tensión derechos y criterios de humanidad y, por lo mismo,
sostenemos que ni el Estado, ni nadie, puede imponer a sus ciudadanos y
ciudadanas una decisión”.
La secretaria de Estado aseveró que
“actualmente las mujeres que se encuentran en alguna de estas tres causales que
contempla el proyecto, no tienen opción de definir de qué forma quieren
enfrentar un embarazo de este tipo debido a una legislación que prohíbe
penalmente su interrupción en toda circunstancia. Sin embargo, los hechos han
demostrado que la prohibición absoluta y la criminalización de toda
interrupción del embarazo no impiden su práctica. Muy por el contario, provocan
que esta se realice en condiciones de riesgo para la vida y la salud de las mujeres.
A su vez, la clandestinidad profundiza y perpetúa las inequidades
socioeconómicas, oculta la magnitud del problema e impide el diseño de
políticas públicas que lo aborden a cabalidad”.
En ese sentido, dijo que el Estado debe amparar, debe acoger a las mujeres que se encuentran en alguna de estas tres causales, acompañándolas y generando opciones para que ellas, cualquiera sea su decisión.
Junto con ello, manifestó que “la prohibición
que actualmente nos rige, ha sido permanentemente cuestionada por organismos
internacionales de derechos humanos, quienes han instado al Estado de Chile a
agilizar la tramitación del proyecto de ley, reconociendo que es un avance en
materia de derechos humanos para las mujeres y para el país”.
La Ministra Pascual destacó el debate que
durante más de cinco meses y medio se llevó a cabo en torno a esta iniciativa,
escuchando a más de 68 organizaciones y expertos y expertas, “y como resultado
el núcleo del proyecto fue aprobado por una amplia mayoría y se ha permitido continuar
su debate".
La autoridad subrayó que en esta instancia el
proyecto fue fortalecido y se explicitó un procedimiento de acompañamiento como
parte del fortalecimiento también del sistema de salud que acompaña a las
mujeres y que tiene su financiamiento.
La titular del Sernam finalmente indicó que
"esperamos debatir en esta comisión los aspectos jurídico-constitucionales
del proyecto", agregando que "tenemos la oportunidad de continuar
diseñando una respuesta que ha sido negada a las mujeres durante los últimos 25
años".
#Iquique
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