Esto luego que la Comisión de Constitución y
posteriormente la Comisión de Hacienda del Senado despacharan esta iniciativa,
que busca fortalecer la institucionalidad y aumentar las sanciones para quienes
se coludan.
Sanciones que van
desde los 3 años y un día hasta los 10 años, con cárcel efectiva de a lo menos
1 año, para quienes se coludan, contempla el proyecto de ley que fortalece el
sistema de defensa de la libre competencia, iniciativa que será votada por la Sala
del Senado y posteriormente en la Sala de la Cámara de Diputados. Esto luego
que fuera despachado, este miércoles, en las comisiones de Constitución y de
Hacienda del Senado.
El proyecto, que
va en línea con las jurisdicciones de países como Estados Unidos, Canadá o
Australia, busca que las personas y empresas que participan de estos actos que
alteran la libre competencia sean sancionadas como corresponde.
El proyecto
castiga con multas de hasta el 30% de las ventas de la línea de producto o
servicio involucrado en la colusión o de hasta el doble del beneficio económico
obtenido por los infractores. De esta manera, la legislación asegurará que las
multas sean efectivamente disuasivas.
A su vez las
personas sancionadas también tendrán como pena la inhabilitación absoluta para
desempeñar cargos u oficios públicos, cargos de director o gerente en empresas
del Estado, cargos de director o gerente en sociedades anónimas abiertas o
sujetas a normas especiales o cualquier cargo directivo en asociaciones gremiales
o colegios profesionales, por un plazo de 7 años y un día a 10 años.
Respecto a la
delación compensada, este proyecto indica que el delator que primero haya
aportado antecedentes a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) estará exento de
responsabilidad penal, mientras que al segundo delator (que aporte antecedentes
adicionales a los dados por el primero) se le rebajará en un grado la pena,
cuando cumpla con los requisitos establecidos en la ley.
La iniciativa
además establece que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia será quien
resolverá las demandas por indemnización de perjuicios que interpongan los
consumidores, una vez que el proceso destinado a verificar las infracciones a
la libre competencia haya finalizado con sentencia condenatoria.
Por último, otro
aspecto relevante, es que este proyecto propone radicar el procedimiento de
control preventivo y obligatorio de operaciones de concentración en la Fiscalía
Nacional Económica. Los agentes económicos deberán notificar todas las
operaciones más relevantes para nuestros mercados antes que sean
perfeccionadas, para que luego la FNE determine si procede autorizarlas en la
medida que no reduzcan sustancialmente la competencia.
#Iquique
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