La Federación de Pescadores Artesanales de
la Región del Biobío, Fedepes está esperanzada y expectante luego de conocer
declaraciones del diputado Guillermo Ceroni, en el sentido que durante
esta semana se reactivará el proyecto de ley que anula la actual Ley de Pesca
20.657, conocida como Ley Longueira. El proyecto está en trámite desde
comienzos de año.
Rosendo
Arroyo, Edita Leiva y Luis Villablanca, dirigentes que encabezan Fedepes,
recordaron que junto a otros actores del sector artesanal de la pesca del país
y de la región hace tiempo que vienen esforzándose por hacer entender al
gobierno, y comprender a la ciudadanía, que las autoridades políticas deben
cumplir la promesa presidencial de una modificación sustancial a esta
normativa, que entregó el mar a los industriales, que ha perjudicado
notablemente a los artesanales porque, entre otros efectos, les quitó libertad
de trabajo y no tiene plataforma social para la cesantía que provoca.
Sara
Garrido, directora nacional de Conapach y dirigente de base de Coliumo,
integrante de Fedepes, hizo ver que con actividades que han desarrollado todo
el año y han intensificado en el último tiempo, como la multitudinaria marcha
pacífica de agosto, la participación en asamblea en la Quinta Región y en otra
en Coronel, exigen del gobierno pronunciarse:” lo que buscamos es que anule la
Ley de Pesca” recalcó. El tiempo se agota, dijo, el gobierno sigue haciéndose
el sordo y los pescadores ya no pueden esperar más.
La
actual Ley de Pesca, subrayaron los dirigentes, es un problema para todos
ellos, muchos aspectos los dañan de manera directa y la normativa
inexorablemente los irá alejando del mar, de pescar, de su cultura y modo de
vida. Afortunadamente, según pudiera entenderse de los dichos de Ceroni, los
parlamentarios – tras las movilizaciones de los pescadores y el castigo que la
clase política sufrió con la alta abstención en la última elección- pareciera
estar dándose cuenta de la urgencia de anular la Ley Longueira.
Incluso
el informe FAO en el que gobierno estuvo durante meses escudándose para abrir
paso a los cambios, entrega recomendaciones que deberían generar un debate de
fondo y con participación de todos los actores.
Todo
esto sin olvidar la viciada genésis de la ley, otro motivo para insistir en su
anulación, estima Fedepes. Ya es más que claro que la ley es producto del
financiamiento ilegal de la política y la federación sólo puede valorar los
avances que la justicia está teniendo en esa área y hacer votos porque se
aclare completamente todo el embrollo.
#Iquique
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