Contraviene
tratado 169
Detrás de un discurso
de persecución a la pesca ilegal se busca alejar a mapuche lafkenche del uso
ancestral del mar.
Como una falta
gravísima contra los derechos de los pueblos originarios calificó la Ley de
Modernización del Servicio Nacional de Pesca, que define pesca ilegal, el
alcalde de Tirúa, integrante de la coordinación Identidad Territorial Lafkenche
y de Amcam, Asociación de Municipalidades con Alcalde Mapuche, Adolfo Millabur.
Se refirió
expresamente a los aspectos punitivos de la iniciativa del gobierno que, con la
excusa de regular la pesca ilegal y un
discurso sobre la sustentabilidad de los recursos, deja a las comunidades
originarias fuera de la posibilidad de extraer recursos, como lo han hecho de
manera ancestral, para consumo humano, expresó.
Identidad Lafkenche coordina
comunidades mapuche, incluyendo las costero pesqueras, desde el Golfo de Arauco
a Palena, mientras que en Amcam
participan los alcalde de Renaico, Chol chol, Puerto Saavedra, Currarrehue, Coyhaique,
Paillaco, Tirúa, AltoBío Bío y entre 150 y 180 concejales de la etnia.
El
proyecto de ley está en el Senado, en segundo trámite constitucional, aprobado
en general, y enviado a la Comisión de Constitución en lo relativo a normas con
incidencia en materia penal.
Amenaza
Adolfo Millabur dice
que está a favor de cuidar los recursos hidrobiológicos, que es muy importante
hacerlo, pero no con que: “a propósito de regular la pesca ilegal en pro de la sustentabilidad vengan a pasar el
gol de prohibirle el uso de esos recursos a los que siempre lo han hecho (para
sustento), los pescadores artesanales y por cierto las comunidades mapuche
lafkenche”.
Analiza que habiendo
sido Raúl Sunico, (ex) subsecretario de
pesca autor intelectual de esta ley, del
que quedó demostrado que fue adaptado por la industria, no se puede esperar que
la iniciativa respete los derechos de todos, pero sí es oportuno advertir a los
senadores y diputados que nuevamente van a legislar con la mancha de
corrupción. Les conmina a asumir que están vulnerando el Tratado Internacional
169 porque el proyecto se está tramitando a escondidas del pueblo mapuche. Los
mapuche tienen derecho al mar, ellos estaban acá primero que nadie, dice, y nuevamente no los están considerando y ni
siquiera consultando, por lo tanto el proyecto es de una ley desnaturalizada
frente a las regulaciones internacionales.
El Convenio 169 de la
OIT es un tratado internacional suscrito por Chile que entre otros puntos
establece el deber del Estado de consultar medidas legislativas y
administrativas susceptibles de afectar directamente a los pueblos originarios.
La propia FAO, en el
Informe en el que evaluó la Ley de Pesca, en una de sus recomendaciones le
advierte al Estado y al gobierno y al Parlamento chilenos que la Ley de Pesca
no consideró el derecho de los pueblos originarios, que hay abundante
legislación internacional que obliga a
los estados a incluirlo, sobre todo para la seguridad alimentaria,
resalta el alcalde Millabur.
Agudizará
conflictos
Estas regulaciones
carecen de consulta y las consecuencias van a ser agudizar la falta de una
convivencia tranquila en el litoral, alerta Millabur. Hace ver que ya hay
conflictos con el uso de la tierra y en los tiempos próximos va a haber
mayores conflictos y tal vez más duros en materia del mar y los parlamentarios al crearlos no están
siendo responsables con su propio
futuro, con el de Chile, con el de sus hijos, están sembrando incertidumbre en vez de
certidumbres como debería ser.
Denuncia que además
ni los parlamentarios que representan la regiones donde viven los pueblos
originarios costeros se han dado el tiempo de informar que hay una legislación
en debate que está afectando a los pueblos originarios.
Tribunal
Constitucional
Añade otro
antecedente: “cuando se hizo la Ley de Pesca nosotros recurrimos al Tribunal
Constitucional y hubo votación dividida en el TC de que era necesario consultar
a los pueblos originarios. También el Parlamento, el propio presidente del Senado emitió un
informe diciendo que la Ley de Pesca antes de ser aprobada tenía que ser
consultada a los pueblos originarios; hay informes de juristas que le
advirtieron al Parlamento que era necesario consultar a los pueblos originarios
antes de la Ley Longueira, entonces no tenemos mucha duda que esta ley debería
ser consultada”.
Futuras
acciones
Reconoce que: “la verdad es como Identidad
Lafkenche perdimos la fe, la credibilidad y la confianza básica en que este
Parlamento pueda hacer algo positivo a favor de los pueblos originarios”. Porque
ven, dice, una vocación del Estado, una decisión política, por no respetar los
derechos de los pueblos originarios, por no respetar la Ley Lafkenche (20.249),
entonces les queda la impresión que, frente a esta ley, deberán recurrir ante
el Ejecutivo primero, seguramente ir a tribunales enseguida y si no les va bien
en ellos recurrir a Tribunales Internacionales.
Millabur concluye
señalando que las paupérrimas condiciones de desprestigio que tiene la política
en el país ya no dan para más por lo que cree que los cambios van a pasar por
una nueva Constitución que regule los derechos de todos de manera más
equilibrada porque ahora el embudo es muy ancho para muy pocos y demasiado
estrecho para un gran sector de la población.
#Iquique
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